Artículo elaborado por el Dr. Ramón Chehade Herrera, publicado en Diario Gestión el 21 de Julio de 2015
Semanas atrás tuve la oportunidad de sustentar una apelación ante la Comisión Técnica Provincial de Edificaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de exponer los distintos argumentos jurídicos por los que en mi opinión, debía darse viabilidad legal a un proyecto de viviendas multifamiliar.
Tras cincuenta minutos de exposición comprobé, una vez más, que ninguno de los arquitectos que integran la referida comisión estaba en capacidad de resolver los aspectos controvertidos expuestos, no por falta de capacidad profesional sino por falta de competencia y conocimiento en cuestiones jurídicas.
Nuestra legislación urbanística es densa, compleja y es generada hasta por tres entidades estatales, por lo que no resulta difícil terminar enredado en una telaraña de normas y disposiciones de oscura interpretación y difícil aplicación.
Si a lo anterior le sumamos que la inversión privada continúa denunciando la habitual exigencia de requisitos no previstos en la ley para la emisión de licencias de construcción, el incumplimiento de los plazos establecidos, las dificultades en la aplicación del silencio administrativo y las excesivas demoras en atender solicitudes de licencia, entonces es fácil imaginar la complejidad que envuelve a la permisología edificatoria municipal.
En dicho contexto, la creación de un tribunal urbanístico que resuelva en segunda y última instancia las controversias que surgen de esta frondosa legislación resulta una necesidad impostergable. Se requiere generar precedentes administrativos de observancia obligatoria en materia urbanística a fin de evitar enormes pérdidas de tiempo discutiendo cuestiones jurídicas ante comisiones técnicas donde no participan abogados y se empiece a desarrollar criterios de interpretación que vayan aclarando el panorama legislativo y donde el inversionista encuentre seguridad jurídica a sus proyectos inmobiliarios.
En nuestro país existen tribunales administrativos en materia registral y tributaria que resuelven controversias derivadas de la aplicación e interpretación de las normas.
No sigamos postergando la creación de un tribunal urbanístico, su necesidad es realmente urgente.
Fuente: Diario Gestión