Las municipalidades, como representantes distritales de Defensa Civil, deberían trabajar codo a codo con las familias, proporcionarles asesoría para evaluar cuán seguras son sus viviendas.
El Gobierno acaba de anunciar la aplicación de un programa de prevención ante posibles sismos, principalmente en las zonas urbanas, que debería convertirse en una política de Estado en la que todos los peruanos participemos para enfrentar juntos las consecuencias que puede causar un terremoto en el país. El esfuerzo tiene que ser nacional porque frente a la silenciosa amenaza de un sismo es cada vez más cierto que la unión hace la fuerza. Como sabemos, el Perú comparte con Chile el llamado cinturón de fuego del Pacífico, zona de alta actividad sísmica en el planeta que convierte a ciudades como las nuestras en espacios vulnerables expuestos a miles de riesgos.
Frente a este escenario la única salida radica en la prevención, sobre todo si esta consiste en atacar puntos que son neurálgicos.
Por ejemplo, la instalación de sistemas satelitales de alerta de tsunamis, la revisión de la legislación sobre construcción de viviendas, la destugurización de inmuebles ruinosos y la instauración paulatina en la conciencia de los peruanos de una cultura de la prevención para evitar desgracias.
Respecto del sistema de alerta temprana de tsunamis, es una tranquilidad que el Ministerio de Economía haya autorizado su adquisición, después de culposas dilaciones y pese a la llamada de alerta del Instituto Geofísico del Perú. Finalmente, se trata de una inversión más que un gasto que otros países asumieron de manera precavida hace años.
El riesgo mayor probablemente reside en el sector inmobiliario, que ha crecido de manera desmedida y sin la supervisión correspondiente. Como han alertado destacados sismólogos, tres son los problemas principales sobre los cuales actuar: existe una desproporcionada densidad demográfica, subsisten viviendas de adobe y sin vigas, y se ha cambiado la zonificación para alentar la construcción de edificios, pese a que los suelos son arenosos y endebles. Añadamos que las municipalidades han flexibilizado las licencias de construcción, para lo cual ya no se requiere la supervisión de un especialista.
Una campaña nacional tiene que atacar ese problema en un esfuerzo que compromete a las tres instancias de gobierno —nacional, regional y local—, así como al Congreso de la República que, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, debería revisar la legislación relacionada con la construcción.
Pero esta política de Estado estaría coja si no involucra una tarea educativa para inculcar en el país una cultura preventiva, desde la escuela, a través de los medios de comunicación, con el apoyo de la sociedad civil, el Cuerpo de Bomberos, y bajo el liderazgo del Sistema Nacional de Defensa Civil (Indeci). Una cultura preventiva implica que las familias aprendan a evaluar la calidad de los inmuebles que habitan, establezcan salidas de emergencia, distribuyan tareas para que cada miembro sepa qué hacer y se aprovisione con lo indispensable.
Las municipalidades, como representantes distritales de Defensa Civil, deberían trabajar codo a codo con las familias, proporcionarles asesoría para evaluar cuán seguras son sus viviendas e instruirlos sobre los lugares o refugios hacia donde deben dirigirse en caso de un sismo. La unión hace la fuerza y más frente a fenómenos como estos que no pueden predecirse.
Fuente: Diario El Comercio