Artículo elaborado por el Dr. Ramón Chehade Herrera, publicado en Diario Gestión el 4 de Enero de 2016.

 

 

Desde el 22 de noviembre del año pasado, los 42 distritos que integran la ciudad de Lima cuentan con una nueva normativa metropolitana que regula el procedimiento para solicitar cambios de zonificación en las propiedades de la ciudad.

Si bien la nueva Ordenanza 1911-MML nos trae saludables mejoras,como la posibilidad de presentar solicitudes durante los doce meses del año (en lugar de solo cuatro, como era antes), así como la acertada eliminación de la inoperante Comisión Técnica de Trabajo, creada por la norma anterior para evaluar los pedidos de los administrados (lo que debería traducirse en una reducción en los tiempos de aprobación), preocupa sin embargo que la nueva regulación exija al solicitante acompañar estudios de impacto vial y/o ambiental debidamente aprobados por las entidades competentes cuando se soliciten cambios de zonificación distintos al uso residencial.

En teoría, la exigencia de estudios técnicos es una medida sana y razonable, sin embargo quienes conocemos los dilatados tiempos de aprobación que estos demandan, nos preocupamos por tener que lidiar ahora con nuevas exigencias burocráticas, sin las cuales no se podrá activar el proceso deseado, salvo que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) esté considerando una inminente y completa reforma en las entidades llamadas a evaluar y aprobar los estudios.

De lo contrario, habremos dado un paso y retrocedido tres.

Por otro lado, resultaría saludable que el Formulario de Consulta Vecinal pueda ser mejorado por las autoridades a fin de permitir al vecino encuestado conocer realmente qué alcances y dimensiones encierra el proyecto de cambio de zonificación solicitado cerca de su vivienda, en lugar de ofrecer básicamente solo dos casillas para expresar la aprobación o desaprobación al pedido, como viene sucediendo en la actualidad.

De otra parte, se hubiera esperado una mayor claridad normativa respecto al tratamiento aplicable a los procedimientos en curso, para que los administrados puedan evaluar si les conviene acogerse a las nuevas reglas o continuar su trámite bajo la regulación anterior, pues conforme ha sido redactada la Ordenanza, el acogimiento a la nueva legislación podría venir acompañado de la exigencia de los referidos estudios técnicos aprobados, con lo que el pedido de adecuación terminaría extendiendo los ya dilatados plazos de aprobación.

Encontramos acertado exigir a todas las municipalidades de la capital presentar dentro de los próximos 12 meses sus propuestas de Reajuste Integral de Zonificación a la MML en el marco de lo normado por la Ordenanza 1862-MML de diciembre del 2014 (seguramente aún desconocida para muchas municipalidades). Sin embargo, creemos que el plazo de un año resultará excesivamente corto para que las municipalidades estén en condiciones de mirarse hacia dentro, repensar su territorio, licitar los servicios especializados requeridos y elevar a la autoridad metropolitana propuestas urbanísticamente razonables y sostenibles respecto al destino, uso y densificación de su territorio.

En resumen, seguimos regulando procedimientos que, en estricto rigor urbanístico, no deberían existir si la ciudad contase con una adecuada planificación que resuelva las diversas necesidades y tendencias urbanas que viene registrando. Así, dejaríamos de parchar Lima con cambios puntuales de zonificación para dedicarnos a pensar en su futuro urbanístico moderno, inclusivo y competitivo. Tenemos ad portas un compromiso de resonancia mundial con los Panamericanos del 2019, lo que nos reta a mirar a Lima desde otra perspectiva.

A diferencia de nuestra planificación urbana, el tiempo no se detiene.