Hablamos de que usted y yo, y los otros 29 millones de peruanos somos dueños de solo el 50% del territorio (la extensión total del país es 1’285216 km 2), pues el resto es de propiedad de comunidades campesinas y entidades privadas.
Bienes sin registro
Pero ese no es el problema. O más bien, es solo el inicio, pues a diferencia de los privados que sí están en condiciones de preservar sus territorios, el Estado se halla a merced de las mafias que invaden y trafican tierras. ¿Cuántas se han producido en los últimos años? No hay un registro, pues muchas ni siquiera han sido reportadas.
Y ello por una razón: el 95% de los millones de metros cuadrados del Estado, no está registrado. “Hemos avanzado, pero no tenemos los recursos suficientes como para recorrer el país”, admite Jorge Villanueva Carbajal, jefe de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBNE).
Y con esas carencias, ¿estamos en condiciones de evitar invasiones? Villanueva señala que no, aunque explica que las cosas han cambiado. “Hoy las enfrentamos de manera coordinada, pues como se vio hace poco en San Antonio, la Fiscalía y la Policía acuden y se logran desalojos pacíficos”.
Pero las invasiones continúan y de ello es consciente el Superintendente de la SBNE, quien cree que en los meses siguientes estas aumentarán, pues algunas autoridades buscan reelegirse promoviendo situaciones de este tipo.
Antes era peor
Villanueva señala que la situación ha mejorado respecto al 2006, cuando los registros de propiedades del Estado eran casi inútiles. “Se ha avanzado gracias a normas impulsadas por el gobierno. Por ejemplo, la ley 29151, que ordena que los bienes del Estado sean vendidos ya no a precio de regalo, sino a precio comercial. Esto ha significado importantes ingresos para el Estado”, agrega.
El funcionario también destaca que gracias al marco jurídico con que cuenta la SNBE, se ha logrado transferir bienes donde hoy se construyen puertos, hospitales, proyectos inmobiliarios y viales. “Hasta junio de 2009 se han transferido 300 millones de metros cuadrados y se han logrado ingresos para el Tesoro Público por más de 200 millones de soles. “Y todo a través de subastas públicas”.
Nueva modalidad
En tanto, la Policía, a través de la División de Asuntos Sociales, ha detectado que las mafias que trafican tierras ahora están operando de manera distinta. Ya no toman pequeños terrenos del Estado o de privados buscando permanecer unos años y apelar luego al trámite de ‘prescripción’ ante los notarios, sino a la invasión de grandes extensiones, las cuales buscan usar como espacios productivos.
Solo en 2008 y 2009, esta unidad policial detuvo a 120 personas por usurpar lotes ubicados principalmente en balnearios del sur. “Ahora se presentan como productores que toman grandes tierras y se las reparten en parcelas, pero en realidad son traficantes que solo buscan vender la posesión”, coincide Villanueva Carbajal.
Claves
Primera. La primera invasión en Lima se produjo en El Agustino, en setiembre de 1947 y fue encabezada por Ernesto Sánchez Silva (a) ‘Poncho Negro’.
Sanción. El delito de usurpación prevé un castigo de uno a 3 años de cárcel. Y solo si se usan armas de fuego, la pena podría ser de 2 a 6 años de cárcel.
Balnearios en la mira de invasores
Según la PNP, las zonas más codiciadas por los traficantes se encuentran en las márgenes de la Panamericana Sur: Punta Hermosa, San Bartolo y Cañete. Y en Lima: en Jicamarca, Ate, Villa El Salvador.
Según el congresista Víctor García Belaunde, las comunidades de Huarochirí, Asia, Cañete y Chilca reclaman como suyas 300 mil hectáreas.
La SNBE ha entablado acciones legales contra los que invadieron áreas en las playas de Tumbes, Piura y Chimbote, y en Lima, en el fundo Oquendo, así como contra la Asociación Satomi Kataoka, en Lurín.
Cofopri señala que no es propietario de todos los terrenos del Estado y solo asume la titularidad de los bienes para fines de formalización. Además dice que solo se limita a formalizar posesiones (invasiones) ocurridas hasta el 31 de diciembre de 2004.
Fuente: Diario La Republica
