Documento elaborado por Guido Valdivia , del Instituto Ciudades Siglo XXI – Universidad Ricardo Palma.

El debate suscitado sobre los efectos de un potencial sismo de gran intensidad en el Perú ha planteado no pocas interrogantes. Una de ellas es ¿por qué Chile ha podido resistir, hace poco, relativamente bien un terremoto tan severo? Porque cuenta con normas técnicas exigentes, profesionales y empresarios competentes, procedimientos de control urbano racionales y con la misma política habitacional desde hace 30 años. Esto les ha permitido construir más de 120 mil viviendas anuales formales, lo que implica que más del 80% del parque habitacional chileno es construido por profesionales y tramita su licencia de construcción.

En el Perú, existen todos estos mecanismos, debiéndose señalar incluso que nuestra política habitacional viene desde el año 2002, habiendo pasado la «prueba ácida» de un cambio de gobierno, algo inusual en nuestro medio, donde campea el borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué nos falta para llegar a los niveles de seguridad habitacional de los chilenos? Fundamentalmente, facilitar la inversión formal y la buena construcción, sobre todo para que estas se extiendan hacia los sectores de menores ingresos, que son más vulnerables frente a desastres naturales y en donde más del 80% de las edificaciones son informales.

Para lograrlo se necesita atacar varios frentes, siendo los dos más relevantes: asegurar recursos financieros para subsidios y créditos habitacionales y promover la simplificación administrativa. Sobre este último aspecto, la Ley 29090 y su reciente modificación constituyen un paso significativo, pues establecen mecanismos rápidos y seguros para la formalización de las viviendas de los sectores populares; exigen que el diseño y construcción de todos los proyectos estén a cargo de profesionales y obligan a que las municipalidades supervisen el 100% de las obras, para lo cual se establece un fondo intangible.

Para determinar los requerimientos financieros, debe distinguirse entre la construcción de nuevas viviendas y la reparación de las ya construidas. De aquí en adelante, deberían construirse 120 mil unidades anuales, con lo cual la construcción formal alcanzaría al 80% del total de viviendas edificadas, como ocurre en Chile. 60 mil de estas viviendas requerirán un subsidio del programa Techo Propio.

En cuanto al reforzamiento de las viviendas existentes, se deben diferenciar dos segmentos, en función de si las familias tienen la capacidad para financiarlo o no. El primer grupo podría ser atendido con créditos no hipotecarios a ser otorgados, sobre todo, por cajas municipales o rurales, o incluso por grandes empresas de mejoramiento del hogar, que ya conocen este segmento de mercado y tienen interés en diversificar su cartera. Quienes carezcan de ingresos suficientes, deberán acudir al programa Techo Propio, en el que ya existe la modalidad de mejoramiento habitacional, que otorga un subsidio de US$ 2,400 por familia. Una meta tentativa sería mejorar 500 mil viviendas en ocho años, 350 mil de ellas con subsidios.

Para cumplir con estos objetivos, se requieren US$ 3,300 millones para créditos y US$ 470 millones en subsidios cada año. ¿Son cifras impresionantes? Si se considera que el stock de créditos hipotecarios en el Perú equivale al 3% del PBI y que el monto de subsidios Techo Propio es de US$ 100 millones al año, parecería que sí. Pero si se tiene en cuenta que los créditos hipotecarios en Chile alcanzan al 15% de su PBI y que los subsidios habitacionales otorgados en los últimos años en dicho país nunca han sido menores a 100 mil anuales, los requerimientos financieros comienzan a tener más sentido.

Los peruanos no tenemos por qué esperar resignados que el próximo sismo nos afecte gravemente como a Haití. Si nos organizamos y priorizamos nuestros recursos, podemos afrontar con éxito el desafío de la naturaleza.

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