La restitución de aranceles al cemento dictada por el TC remeció al sector industrial y ha desatado una polémica entre importadores, productores y el propio Gobierno.

Límites, igualdad de condiciones, respeto a las normas y precios. Una y otra vez se han repetido estos términos a lo largo de la semana pasada. El debate surgió luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera un fallo en el que se restituye el arancel del 12% a la importación de cemento (y del clincker, materia prima del cemento).

 

Por un lado, se produjo un gran revuelo en el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que sintió afectadas sus funciones y, por otro lado, se reavivaron los reclamos de variadas industrias que, desde hace dos años, también se sentían perjudicadas por la eliminación de aranceles.

 

El mandato del TC dispone que el artículo 2º del Decreto Supremo 158-2007-EF, publicado en octubre del 2007, quede sin efecto y ordena a la Sunat que proceda a cobrar el 12% de arancel al cemento importado. De esta manera declara fundado el pedido que le hiciera la empresa Cementos Lima y le dice al MEF que su proceder fue equivocado.

 

Las reacciones de los afectados fueron inmediatas y los cuestionamientos al dictamen fueron tanto por el fondo como por la forma.

 

¿QUIÉN MANDA AQUÍ?
La titular del MEF, Mercedes Aráoz, aseguró que el TC estaba interviniendo en decisiones de política económica que, según la Constitución, son competencia del Poder Ejecutivo, y no del tribunal.

Además, dijo, la reducción del arancel se dio para atender una necesidad pública, y no por intereses particulares de una empresa.

 

El vicepresidente del TC, Carlos Mesía, respondió asegurando que su instancia “sí posee las facultades para dirimir sobre temas económicos y no excede sus facultades al dictar una sentencia que restituye aranceles. Por el contrario, dijo, es una forma de equilibrar el poder. Ellos estimaron que al modificar bruscamente las políticas arancelarias se rompe el principio de igualdad y por eso, “lo que le ha dicho el tribunal al MEF es que haga un descenso gradual de los aranceles a fin de no perjudicar la inversión nacional de cara con la inversión extranjera”, sustentó.

 

El abogado de Cementos Lima, Natale Amprimo, recalcó que la decisión del TC no vulnera las facultades del Ejecutivo, tan solo le pide que corrija un error.

 

Visto desde una perspectiva positiva, el abogado Joseph Andrade (Estudio Rubio, Leguía, Normand & asociados) estima que el TC le está avisando al país y al Gobierno que, al dictar medidas arancelarias, debe hacerlo correctamente, porque hay alguien que está observando su proceder y puede anular sus mandatos. Sin embargo, Andrade coincide con Aníbal Quiroga, abogado experto en temas constitucionales, en que el TC actuó como un revisor de la política arancelaria dictada por el Poder Ejecutivo. Y, claro está, empresarios de otros sectores con problemas similares podrán imitar su proceder.

 

DEMASIADO ESTABLE
La discusión, sin embargo, no acaba ahí. La sentencia del TC establece que la importación de cemento sin aranceles perjudicaba a la industria nacional y atentaba contra el principio de igualdad. Sin embargo, ninguna empresa del sector ha obtenido pérdidas (ver cuadro de utilidades) en los últimos cinco años. Por el contrario, tal como expone Jorge Chávez Álvarez, presidente ejecutivo de Maximixe Consult S.A., debido al auge de inversiones públicas y privadas, ha crecido la demanda de cemento en forma constante. Al cabo de 5 años, explica, el incremento de la producción ha sido cercano al 80%, los precios no han sufrido variaciones nominales superiores al 2% y las importaciones no han impactado significativamente el consumo local.

 

En nuestro país, detalla Chávez Álvarez, existen seis empresas que pertenecen a tres grupos económicos, y cada uno de esos grupos atiende una zona del país: el norte, el centro y el sur. A los importadores les es difícil entrar al mercado, añade, porque los fabricantes locales dominan muy bien su red de distribución y procuran no subirles el precio a sus clientes.

 

Los compradores de cemento coinciden en esta percepción. “El precio, en los últimos 5 años, se ha mantenido estable y siempre hemos encontrado stock. Al menos en Lima, no hemos sufrido falta de cemento. Otros insumos, como el fierro, el acero o el ladrillo, tuvieron incrementos importantes, pero el cemento no”, corrobora Umberto Martínez, presidente del comité de obras de edificación de Capeco (Cámara Peruana de la Construcción). Sin embargo, si existiera mayor competencia o ingresaran algunas empresas extranjeras, “los precios podrían bajar hasta un 20%”, advierte Chávez.

 

DISCONFORMES
De acuerdo a Chávez, “la medida del TC disminuye la competencia en lugar de favorecerla”. Coinciden en esta percepción los representantes de Cómex, quienes opinan que la empresa Cementos Lima, a pesar de mantener positivos márgenes de ganancias, interpuso una demanda en beneficio propio que no aporta dividendos al sector. Concuerdan también en dicha percepción dos empresas: Cementos Inca y Cemex. Carlos Choi, gerente de Cementos Inca, informó que había empezado a importar clincker para atender una insatisfecha demanda en el sur del país a un mejor precio; pero, como consecuencia de la restitución de aranceles, dejaría de importar cemento.

Cemex, empresa mexicana interesada en poner una planta en el país, respalda la postura de Cementos Inca y sostienen que el precio no subió drásticamente en el 2007 gracias a la eliminación del arancel, pero ahora, como consecuencia de la medida dispuesta por el TC, los precios empezarían a subir.

 

¿Está de acuerdo Cementos Lima con estas interpretaciones del mercado? La referida empresa fue consultada, pero prefirió, por ahora, abstenerse de opinar. Aclararon que los interesados pueden revisar sus estados financieros en la Conasev, los cuales demuestran que la compañía no ha sufrido pérdidas. Al igual que el resto de empresas del sector, no los aqueja ninguna crisis financiera.

 

Fuente: Diario El Comercio

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